Almería forma parte de la campaña informativa de la Ley de Precursores de Explosivos que acaba de arrancar, coincidiendo con el anuncio del Ministerio de Interior del inicio del plan de control.
Las obligaciones afectan a un gran número de sectores: empresas del sector químico, distribuidoras de precursores de explosivos, fitosanitarios, droguerías, farmacias, tiendas de jardinería, y sector de distribución para el consumo
El próximo 9 de octubre, la sede de ASEMPAL acoge una Jornada informativa sobre “Precursores de Explosivos“, organizada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), del Ministerio del Interior, con el apoyo de la Federación Empresarial de la Industria Química (FEIQUE) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Esta jornada, que se desarrollará de 9,00 a 14,30 horas y es de carácter gratuito, constituye una oportunidad única para conocer con detalle las obligaciones de la Ley 8/2017 de precursores de explosivos y contará con la participación de expertos del Ministerio del Interior (CITCO).
El objetivo de la campaña es informar acerca de las obligaciones de las empresas respecto a la comercialización de las sustancias, preparados, formulados y disoluciones catalogadas como precursores de explosivos en toda la cadena de suministro. Dichos compromisos implican que tanto los fabricantes como los distribuidores y sus mezclas deben crear un registro de transacciones e informar de aquellas que resulten sospechosas, así como cualquier robo o sustracción a las autoridades competentes.
Esta Ley afecta a un gran número de actividades empresariales, entre otras, empresas de sector químico, distribuidoras de precursores de explosivos, sector de distribución para el consumo como droguerías, tiendas de cooperativas, pequeños y medianos comercios, grandes superficies comerciales, farmacias, tiendas de productos para piscinas, tiendas de jardinería, distribuidores de productos químicos para usos agrarios, etc. Este tipo de establecimientos están obligados a solicitar una licencia a los consumidores que adquieran estos productos y hace constar en las etiquetas que se trata de productos restringidos. De la misma forma, el consumidor particular debe obtener dicha licencia para adquirirlos.
