“Los cambios en la subcontratación que pretende introducir el Ministerio de Trabajo para obligar a las contratas y subcontratas a equiparar las condiciones laborales de sus trabajadores a las de la plantilla de la empresa principal es un disparate”. El presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, José Cano García, alerta de las graves consecuencias para el tejido empresarial que supondría la propuesta del Gobierno, en los términos en los que ha planteado la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subcontratación de obras y servicios.
Muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad si el Ministerio de Trabajo aprueba su propuesta para que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales de la empresa principal. “Por ejemplo, es imposible que una subcontrata almeriense que trabaja para Acciona o Ferrovial en el AVE pueda absorber las condiciones laborales de estas grandes corporaciones”, advierte José Cano.
De aprobarse la reforma, sectores como Construcción, Industria o Servicios en Almería, se verían muy afectados. Otro efecto de esta medida que pretende el Gobierno serían los agravios y diferencias que se producirían entre los propios trabajadores, dependiendo de la empresa para la que presten sus servicios.
A esto se añade que tampoco sería posible desde la empresa principal absorber todo el empleo que generan estas empresas, máxime en el actual contexto de desaceleración.
Para Asempal, en consonancia con CEOE y CEPYME, la economía española y europea se basa en un modelo ya consolidado de descentralización y colaboración, en el que la mayor parte de las empresas y sectores delegan en diferentes niveles de subcontratación tareas y servicios especializados, logrando una mayor eficiencia y adaptación al entorno. Por ello, una reforma que limite las opciones de descentralización hará prácticamente inviable la supervivencia de muchas empresas y cambiaría el modelo económico que existe en toda Europa.
El presidente de la Confederación Empresarial propone que las condiciones salariales y de jornada laboral se regulen a través de la negociación colectiva sectorial, para evitar situaciones abusivas, legitimando al convenio de empresa a regular las cuestiones que conciernen a su organización interna
